Gestión Judicial y Criminalística
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Recientemente se aprobó en Colombia el Acuerdo de Escazú, proyecto denominado “Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, que fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, por 22 países de la región. Este fue ratificado en el marco del segundo debate de la Cámara de Representantes y se espera que pase a conciliación en el Congreso de la República para su posterior sanción presidencial que lo establezca como una Ley de la República.

¿Qué es lo que busca?

El Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021. Es el primer tratado Internacional de América Latina y el Caribe relativo al medio ambiente. Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), este acuerdo fue adoptado con el propósito de “garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados”.

Carolina Barreto, docente de la Tecnología en Gestión Ambiental del Politécnico Grancolombiano, explica detalles del acuerdo: “En primera instancia, busca proteger a las personas que defiendan el medio ambiente y a prevenir conflictos medioambientales donde se garantice que puedan participar en la prevención de dichas problemáticas desde un principio. Por otro lado, facilita que las comunidades puedan acceder a la información de manera oportuna, entendible y que haya igualdad de condiciones en la ejecución de procesos que puedan impactarlos a ellos y a sus territorios”.

En otras palabras, el acuerdo es una herramienta jurídica que busca proteger al medio ambiente y los derechos humanos, teniendo en cuenta que la región es de las más diversas, pero también de las más peligrosas del mundo para los defensores del medio ambiente. “Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para que las personas que defienden el medio ambiente puedan realizar sus actividades con toda libertad. Se podrían evitar casos como los presentados en el suroeste antioqueño con las minas de oro, la demanda millonaria que se suscitó por la prohibición de exploración en el páramo de Santurbán en el departamento de Santander, la prevención de daños como los que se materializaron en Hidroituango, o la concesión de una licencia para explorar hidrocarburos en caño cristales en la Orinoquia colombiana”, afirmó la docente Barreto.

¿Por qué el proceso de ratificación enfrentó tantos problemas?

Aunque Colombia firmó el Acuerdo de Escazú el 11 diciembre de 2019, este no se ha implementado pues su proceso de ratificación estaba en aprobación en el Congreso de la República. Cuando el proyecto de ley se presentó en el segundo semestre del 2020, el mismo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo presentó con mensaje de urgencia y con apoyo de las organizaciones civiles, esperando que en los primeros debates surtiera efecto.

Sin embargo, en ese momento el partido de gobierno mencionaba que no había información sobre este acuerdo y que se requería discutir mucho más, por lo que se realizaron audiencias públicas para divulgar el contenido del acuerdo. Posteriormente, en la legislatura del 2021, el proyecto se archivó no permitiéndose ni la votación, ni presentándose el quórum correspondiente, lo que llevó a que fuera archivado. Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, quien desde su campaña mostró un apoyo al acuerdo, fue ratificada la importancia del debate, entrando de nuevo a la agenda legislativa, siendo finalmente aprobado. “La importancia de ratificar este acuerdo para Colombia es porque habría una mayor regulación y una mejor articulación de los derechos sociales, ambientales y humanos, todo esto en conjunción con la participación de la ciudadanía en el escenario ambiental”, concluyó la docente del Politécnico Grancolombiano

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